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CRISIS ENERGÉTICA

¿Alerta temprana, o dato de la realidad?

Por Carlos José Aga

En dos notas publicadas en este diario (marzo y agosto del 2002) sostuvimos la necesidad de desarrollar una política para neutralizar el proceso que conducía directamente hacia una crisis energética. En ambos documentos, se puntualizaba la existencia de zonas críticas donde la probabilidad de fallas era muy elevada y que era imprescindible encontrar un punto de equilibrio para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Pero, al igual que en tantos otros ítems de nuestra agenda nacional, nada ocurrió y los recursos se fueron agotando.

"L'etat, c'est moi"

Las indefiniciones comenzaron en la era Ménem en determinados segmentos (gas y transporte eléctrico), continuaron con la Alianza y, desde la implosión del 2001, se postergaron todas las definiciones aunque era sabido que habría que renegociar los contratos y ajustar la ecuación económica de los mismos a la realidad.

Las confusiones de roles y los conflictos jurisdiccionales entre el Estado (entes reguladores, defensores del pueblo, otros organismos y provincias), las asociaciones de consumidores y la propia justicia, nunca se resolvieron conforme las normas establecidas. Nunca se pensó en hacer funcionar bien el sistema sino en la creación del superente de control, de supervisar a los órganos reguladores por encima de los procedimientos establecidos, de nuevos marcos legales y regulatorios.

Las obras del Plan Federal de Transporte se cumplieron parcialmente y con enorme retraso se están licitando algunas obras.

Cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia Económica, contempló la necesidad de encarar un proceso de renegociación para los contratos de servicios públicos. Este punto también forma parte del compromiso del Gobierno contenido en la carta de intención que suscribió recientemente con el FMI.

Nada de esto se materializó como estaba estipulado, por ninguna de las partes involucradas porque, cuando convino a las empresas, el “olvido político” de ciertas reglas nunca fue reclamado –salvo presentaciones informales- prefiriéndose otro tipo de acuerdos. Pocas –muy pocas- voces se levantaron para señalarlo.

Muchos de los que hoy reclaman desde el sector privado deberían mantener un prudente silencio.

Aunque los largos años de recesión contribuyeron a facilitar la tarea de ignorar el tema, está claro que se ha llegado a esta situación debido a varios factores como ser la ambigüedad de nuestra política energética, los vacíos de nuestra legislación energética, la falta de planificación y el rol casi inexistente del Estado.

En esta materia también la mayor parte del problema es la inseguridad jurídica, originada en el crónico incumplimiento de la ley y en la creencia de un gran número de dirigentes políticos que un nuevo Estado nace con cada Gobierno. Como Luis XIV, que acuñó la frase “el Estado soy yo”, el cumplimiento o no de las reglas no depende de los compromisos oficiales asumidos en virtud de la continuidad jurídica de la Nación, sino de las necesidades políticas de los sucesivos Gobiernos ¡y van siete presidentes, incluyendo a Ménem!.

La única verdad

Ahora ya estamos frente al problema y, en lugar de aplicar las soluciones que existen, tenemos acusaciones que van y vienen entre el Gobierno y las empresas, como si este asunto se pudiera resolver mediante la votación del público televidente del “Gran Hermano”.

Este sórdido debate ha puesto en evidencia algo que los expertos y los funcionarios del Gobierno sabían desde hace tiempo. Nos aproximamos a una crisis energética que afecta no sólo a la electricidad sino también al gas.

Ha decaído el nivel de reservas de hidrocarburos (en especial el gas), se ha colmado gradualmente la capacidad de transporte (gas y electricidad) y se saturó la infraestructura de distribución de ambos recursos.

Para funcionar adecuadamente los servicios públicos energéticos requieren una gestión eficiente y un proceso constante de inversión que asegure la cobertura de la demanda presente y su crecimiento futuro. Si estos supuestos no se cumplen, la actividad económica queda sometida a restricciones que operarán como un freno para su desarrollo.

Adicionalmente habrá que asumir conflictos comerciales con los países que actualmente importan energía procedente de nuestro país (Brasil, Chile y Uruguay) ya que esos contratos deberían sufrir restricciones a causa de nuestra propia imprevisión, impactando negativamente en esas economías.

Privatización y “re” privatización

Desde que se adoptó la política de privatizar los servicios públicos ambas funciones (gestión e inversión) están en manos de empresas privadas. Y bajo las presentes circunstancias no existen posibilidades de que el Estado enfrente inversiones para la prestación directa del servicio público como lo hizo en el pasado.

Existe una versión que asegura que se hicieron planteos a Washington para que estudie la posibilidad de reemplazar los inversionistas europeos y latinoamericanos por empresas estadounidenses, luego que los contratos de servicios públicos actuales sean rescindidos. También en Cancillería se dice que la estrategia oficial consiste en llevar los conflictos al seno del CIADI (organismo arbitral del Banco Mundial) donde la administración norteamericana tiene “peso” para lograr una interpretación beneficiosa para el Gobierno argentino.

En los últimos años, el Estado Nacional no logró concretar el aumento de la cota del embalse de Yacyretá como estaba previsto. Muchas fuentes de energía se encuentran en estado de abandono desde hace mucho tiempo, como es el caso del sector nuclear cuya obra principal (Atucha II) está paralizada desde hace casi una década. Los denominados mercados dispersos siguen mayormente desatendidos. Dado que la inversión en generación es libre –y que las condiciones económicas del país son las del default- no se erigieron nuevas plantas de potencia destinadas al consumo doméstico.

Los intentos de los sucesivos Gobiernos para transferir las responsabilidades de esas obras inconclusas al sector privado fracasaron repetidamente, tras la presentación de proyectos fantasiosos.

Desde ya, la crisis de la que hablamos no considera a los numerosos los excluidos del sistema energético –por no disponer de infraestructura- que abarcan al 15% de los habitantes en electricidad y unos 15 millones de habitantes que utilizan gas envasado u otros medios (leña, carbón, etc.). Este segmento está privado de la energía desde siempre y no hay asociación de consumidores que los defienda.

Este problema no se arregla con el simple expediente de “incrementar las tarifas”, o “re” privatizar a los apurones; tampoco con la anunciada supuesta reactivación de las obras de la CN Atucha II (que demoraría 4 años en entrar en servicio y que, cuando lo haga, tendremos encima el problema de Atucha I).

Recomponer un nivel de reservas de hidrocarburos tiene cronogramas rígidos (4/5 años) si se tiene la suerte de alcanzar éxito exploratorio. Las nuevas líneas de transmisión y gasoductos para transportar gas boliviano que podrían mitigar los efectos del problema, podrían estar listas –si comenzaran las obras de inmediato- en el año 2005/6.

Mientras se desarrolla el “reality show” de las acusaciones cruzadas y no se toman las decisiones que exige la hora, la crisis es inevitable. Lo único que queda es manejar su gravedad para evitar caer en un colapso completo del sistema a mediano plazo como hemos padecido en los ‘80.